La institución destaca que más del 80 % de las adjudicaciones corresponden a producción local y garantiza transparencia, calidad y continuidad en el programa de utilería escolar.
Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que el proceso de adquisición de calzado escolar en curso mantiene una participación mayoritaria de empresas de fabricación nacional, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y las condiciones definidas en el pliego del procedimiento.
La institución explicó que esta contratación tiene como objetivo garantizar la disponibilidad oportuna de calzado para el programa de utilería escolar correspondiente al próximo año lectivo, asegurando que los estudiantes del sistema educativo público reciban los insumos necesarios antes del inicio de las clases.
Según precisó el INABIE, el proceso busca corregir un faltante en las cantidades originalmente contempladas para la cobertura del programa, situación que surgió tras la anulación parcial de un procedimiento anterior mediante una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en 2024.
La entidad señaló que, previo a la convocatoria del actual procedimiento, fue necesario desarrollar una fase de reevaluación de los contratos observados como parte de las actuaciones administrativas derivadas del proceso anterior.
Contratación bajo modalidad de urgencia
El INABIE indicó que la adquisición se realiza bajo la modalidad de urgencia contemplada en la normativa vigente, mecanismo que permite reducir los plazos de contratación cuando existen necesidades impostergables de interés público, como la distribución de utilería escolar para miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
La institución enfatizó que el procedimiento se desarrolla respetando los principios de transparencia, legalidad, calidad y control establecidos en el marco regulatorio de las contrataciones públicas.
Más del 80 % de la producción será nacional
En relación con la participación de los suplidores, el organismo explicó que el esquema previsto establece que hasta un 80 % de las adjudicaciones corresponda a bienes fabricados en el país, mientras que hasta un 20 % podrá ser cubierto mediante bienes importados.
De acuerdo con la entidad, esta distribución responde a criterios técnicos diseñados para evitar que determinados lotes queden desiertos, garantizar la cobertura total de la demanda prevista y asegurar la continuidad del suministro para los estudiantes beneficiarios.
Asimismo, aclaró que las adjudicaciones estarán condicionadas al cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de calidad, capacidad productiva y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
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Inspecciones y control de calidad
Como parte de los mecanismos de supervisión, el INABIE informó que realiza inspecciones técnicas al 100 % de los oferentes participantes para verificar aspectos relacionados con infraestructura, equipos, personal y capacidad operativa.
La institución destacó que estas verificaciones se llevan a cabo mediante herramientas digitales que permiten registrar evidencias audiovisuales y datos de geolocalización, fortaleciendo la trazabilidad y la transparencia del proceso.
Impulso a las Mipymes y la economía nacional
El organismo resaltó que más del 80 % de los suplidores que participan en sus programas corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que convierte estas contrataciones en un importante motor para la economía nacional.
Además, afirmó que se mantiene como una de las instituciones públicas que genera mayores oportunidades de negocio para empresas locales, contribuyendo al fortalecimiento del aparato productivo y a la creación de encadenamientos económicos en distintas regiones del país.
Finalmente, el INABIE recordó que toda la documentación relacionada con el procedimiento está disponible para consulta pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), reiterando su compromiso con la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la continuidad de los programas de apoyo dirigidos a la población estudiantil.
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