Prevenir o lamentarse: cuando la política se vuelve vulnerable al narcotráfico

Por:  Alexander Jiménez

Máster en Comercio Internacional – Informático

Emprendedor y Político

La infiltración del dinero sucio en la política no es un fenómeno nuevo, pero su expansión amenaza con convertir el poder público en un botín al servicio del crimen.

En las últimas décadas hemos visto cómo individuos, grupos y organizaciones delictivas han extendido sus tentáculos hacia las estructuras políticas de nuestro país. No se trata de algo reciente ni exclusivo de nuestra realidad. Es el resultado de estrategias bien planificadas, perfeccionadas con el tiempo, en la búsqueda de un objetivo común: el poder.

Un poder que algunos emplean para servir al bien común, pero que otros utilizan como herramienta de protección y expansión de sus negocios ilícitos.

Como es natural, los partidos con vocación de poder son los más propensos a ser cortejados por este tipo de actores. Si no cuentan con filtros efectivos para la selección de sus miembros y candidatos, se arriesgan a abrir sus puertas a personas vinculadas con actividades criminales, que luego escalan posiciones y terminan contaminando las instituciones.

Un ejemplo reciente de esta realidad es el que enfrenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hoy en el poder. A nuestro entender, esta organización no aplicó los filtros adecuados o, quizás, priorizó la conquista del poder sin medir las consecuencias de incorporar a sus filas a figuras cuestionadas. Hoy, algunos de esos miembros enfrentan procesos judiciales tanto en los Estados Unidos de norte América como a nivel local.

No se puede negar que durante las campañas electorales de 2020 y 2024, el PRM y varios de sus dirigentes desplegaron un derroche de recursos sin precedentes, superando con creces a sus adversarios. El objetivo era claro: dominar la mayoría de las posiciones electivas y asegurar el control político total del país. Sin embargo, la abundancia de recursos —y la opacidad sobre su origen— deja abiertas muchas preguntas sobre los límites éticos y la verdadera fuente de ese poder económico.

Lo que hoy se debate en los medios debe ser una alerta roja para todas las organizaciones políticas que conforman el sistema de partidos dominicano. De cara a prever ser afectado por este fenómeno.

Con demasiada frecuencia, los partidos valoran más el tamaño del aporte financiero que la integridad moral de quien lo ofrece. Esa práctica debilita la democracia, erosiona la confianza ciudadana y convierte la política en terreno fértil para la infiltración del crimen organizado.

El desafío es urgente: si los partidos no fortalecen sus mecanismos de control, transparencia y ética, seguirán siendo vulnerables a los intereses delictivos que buscan disfrazarse de poder legítimo. En esta lucha no basta con lamentarse; hay que prevenir. Y prevenir significa tener el coraje de decir “no” al dinero fácil, venga de donde venga.

La política no es un negocio

La política no puede seguir siendo vista como un instrumento de negocio, ni lícito ni ilícito. Su esencia es el servicio público, la búsqueda del bienestar colectivo y la construcción de un Estado justo. Cuando el dinero —sin importar su origen— determina las decisiones, las candidaturas o las alianzas, se degrada la función pública y se corrompe la confianza del pueblo.

El poder no debe ser una mercancía ni una oportunidad de enriquecimiento personal, sino una responsabilidad moral al servicio de todos.

Solo cuando la política se libere de los intereses económicos y criminales, podrá recuperar su dignidad y cumplir su verdadero propósito: transformar la sociedad para el bien común.