Libertad de expresión, no libertinaje
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Es el derecho que garantiza que cada ciudadano pueda opinar, denunciar y disentir sin temor a represalias. Sin embargo, como toda libertad, esta conlleva responsabilidades. En República Dominicana, el reciente Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales ha reabierto un debate crucial: ¿dónde termina la libertad y comienza el libertinaje?
Este proyecto, en su versión del 30 de abril de 2025, busca regular el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, así como establecer el régimen jurídico de los medios de comunicación audiovisuales, conforme a lo establecido por la Constitución dominicana y los tratados internacionales suscritos por el país.
Uno de los puntos más debatidos de la propuesta es la penalización de los discursos que atenten contra el honor, la dignidad y la intimidad de las personas. Algunos sectores lo interpretan como una amenaza al periodismo y a la crítica social, mientras que otros lo ven como una herramienta necesaria para poner freno a los excesos, especialmente en plataformas digitales donde el anonimato protege al difamador. La clave está en encontrar un equilibrio justo que no silencie, pero que tampoco tolere la impunidad.
El proyecto también establece normas claras sobre la veracidad de la información difundida, promoviendo el derecho a la rectificación y a réplica, lo cual es esencial para un entorno informativo saludable. De igual forma, introduce regulaciones para el funcionamiento de los medios audiovisuales, promoviendo pluralismo, acceso equitativo a contenidos, y la protección de grupos vulnerables frente a discursos discriminatorios o violentos.
Un punto a favor es que el proyecto reconoce explícitamente la protección del ejercicio periodístico y prohíbe la censura previa, reafirmando que ningún contenido puede ser vetado antes de su publicación, salvo en casos excepcionales claramente definidos. Esto es vital para proteger el rol del periodismo en una sociedad democrática.
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Sin embargo, también hay preocupaciones legítimas. La ambigüedad de algunos términos y la posibilidad de interpretaciones amplias podrían abrir la puerta a la judicialización de opiniones legítimas o al uso político de la ley. Por ello, es crucial que cualquier normativa cuente con mecanismos de supervisión independientes, procedimientos transparentes y garantías efectivas para los derechos fundamentales.
La libertad de expresión no implica el derecho a mentir, a incitar al odio, ni a violar los derechos de otros. No podemos confundir la defensa de un principio democrático con la permisividad del daño social. La ley debe proteger tanto al periodista honesto como al ciudadano que desea expresarse libremente, pero también debe establecer límites claros a la calumnia, el acoso y la manipulación informativa.
En conclusión, necesitamos una legislación moderna, equilibrada y democrática, que proteja la libertad de expresión y el derecho a la información, sin dejar espacio al libertinaje disfrazado de opinión. La democracia se fortalece cuando se protege el derecho a hablar, pero también cuando se respetan la verdad y la dignidad del otro. La palabra tiene poder, y ese poder debe usarse con responsabilidad.
