SENASA, financiamiento político y un daño social imperdonable
Por: Alexander Jiménez
La transparencia en el financiamiento de las campañas electorales en la República Dominicana sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de la vigencia de la Ley núm. 33-18, promulgada el 15 de agosto de 2018, el uso de recursos públicos con fines políticos continúa ocurriendo bajo una preocupante tolerancia institucional.
Durante el ciclo electoral 2023–2024, el Estado dominicano asignó RD$5,028 millones al financiamiento de los partidos políticos, según cifras oficiales de la Junta Central Electoral (JCE). De ese monto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió alrededor de RD$2,300 millones, a lo que se añadieron aportes privados y del denominado sector externo, cuya procedencia y destino nunca fueron transparentados de manera exhaustiva.
En paralelo, el Seguro Nacional de Salud (SENASA) —institución que administra más de RD$120 mil millones anuales— fue sacudido en 2024 por denuncias de presunto desfalco y uso irregular de fondos públicos. El principal implicado era una figura clave del sector externo del PRM y coordinador del movimiento OLA, estructura política que operó activamente para asegurar la reelección del presidente Luis Abinader.
Las consecuencias de este presunto desfalco no son técnicas ni abstractas: son humanas y sociales. La reducción de recursos en SENASA afecta directamente a millones de afiliados del régimen subsidiado, generando retrasos en pagos a prestadores, escasez de medicamentos, postergación de cirugías y deterioro en la atención médica. Cuando el dinero de la salud se desvía, los más pobres pagan el precio, no solo con precariedad, sino con riesgo de vida.
El daño a la sociedad va más allá del sistema de salud. La sospecha de que fondos públicos terminaron financiando campañas políticas erosiona la confianza ciudadana, debilita la democracia y consolida la idea de que el poder se sostiene mediante la impunidad. Se rompe así el contrato social y se profundiza la brecha entre el discurso oficial y la realidad que viven millones de dominicanos.
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Las coincidencias temporales agravan las sospechas. Entre 2022 y 2024, el movimiento OLA expandió su estructura territorial, propaganda y logística, coincidiendo con la precampaña iniciada en julio de 2023 y con el crecimiento presupuestario de SENASA. Sin embargo, esos gastos no aparecen debidamente registrados en los informes financieros presentados ante la JCE, en abierta contradicción con la ley.
Aunque el presidente Abinader se ha deslindado públicamente del funcionario señalado, la responsabilidad política no se disuelve con declaraciones. La Ley 33-18 establece claramente que los candidatos son corresponsables del financiamiento que reciben, incluso cuando este se canaliza a través de estructuras paralelas. Alegar desconocimiento resulta no solo inverosímil, sino éticamente inaceptable.
